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El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, aseveró que la compañía arrastra un “déficit crónico” que no debe ser cubierto por la ciudadanía.
El vocero de la presidencia argentina, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno de Javier Milei firmará un decreto que pondrá a la estatal Aerolíneas Argentinas “sujeta a la privatización“.
En su habitual conferencia de prensa, Adorni afirmó que la medida se sustenta en las facultades presidenciales contempladas en la Ley de Reforma de Estado.
El funcionario justificó la decisión al aludir el “déficit crónico” de la empresa, a raíz de las “desastrosas gestiones” que precedieron a la actual, lo que implica constantes “transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal” del país.
“Desde su reestatización, en el año 2008, los aportes del Estado nacional para cubrir el déficit de la compañía [Aerolíneas Argentinas] superan los 8.000 millones de dólares, ¿por qué los argentinos que nunca han viajado en su vida deben cubrir esta atrocidad?”, se preguntó el vocero.
Para Adorni, “la falta de empatía” con la ciudadanía “ha reinado durante años” para sostener los beneficios de una pequeña parte de la empresa, que cuenta con 1.204 pilotos para volar solo 85 aviones. “Es un número excesivo, siempre comparado con el promedio de la industria”, expresó.
En criterio del vocero, es injusta “la cantidad de beneficios que gozaba parte de la empresa a costa de una argentina pobre”. Según adelantó, el decreto para la privatización podría oficializarse “probablemente los primeros días de la semana que viene“.
Después de la conferencia de Adorni, la presidencia argentina publicó un comunicado para ratificar la medida y recalcó que la empresa “se encuentra enfrentada a litigios motivo de su ilegal expropiación, y hostigada por una casta sindical cuya única
prioridad es mantener privilegios”.
Para la oficina del gobierno de Milei, “la privatización de Aerolíneas Argentinas es un paso fundamental en el camino para liberar al país de un gasto insostenible, y es además la única forma de evitar la quiebra y cierre de la compañía”. Luego de que se publique el decreto, se enviará al Congreso para su evaluación.
