Una corte salvadoreña rechazó el martes la solicitud de excarcelación para los militares acusados del asesinato de cuatro periodistas neerlandeses en 1982 durante el conflicto armado en el país centroamericano.
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A través de una resolución judicial citada por varios medios de prensa, la defensa solicitó este recurso en base a los problemas de enfermedad de los militares implicados en el crimen contra los reporteros.
“Declárase no ha lugar la petición de la defensa sobre la excarcelación a favor de los procesados, Francisco Antonio Morán Reyes, y José Guillermo García, y no ha lugar también otorgar medidas sustitutivas cautelares distintas a la detención provisional”, indica el documento.
El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María denegó la imposición de medidas alternas a la detención a los militares vinculados al asesinato de 4 periodistas holandeses, según una resolución emitida ayer.
— Hugo Sánchez (@hugogonzalez86)
October 25, 2022
Según la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu), los militares retirados Coronel Francisco Antonio Morán Reyes, exdirector de la otrora Policía de Hacienda y el general José Guillermo García, exministro de Defensa, están bajo arresto desde el 14 de octubre pasado, sin que otras autoridades salvadoreñas hayan declarado algo nuevo sobre el tema.
Ellos son procesados por encubridores de la emboscada y asesinato de Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen, quienes filmaban un documental sobre la realidad del pueblo salvadoreño durante la guerra civil (1980-1992).
Mientras tanto, el coronel Mario Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, es procesado en ausencia y considerado por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 1992 como el principal sospechoso.
La resolución judicial de detención menciona también a los desaparecidos general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y al sargento Mario Canizales, quien dirigía la patrulla que presuntamente cometió la masacre.
Los representantes de las víctimas ya hicieron 15 solicitudes al Ministerio de Defensa a través del Instituto de Acceso a la Información Pública para disponer de los archivos del caso, pero las Fuerzas Armadas han blindado los documentos.
