Representantes de organizaciones de Perú expresaron este viernes su rechazo a la persecución policial contra quienes se han manifestado en contra del Gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte.
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En declaraciones para teleSUR, el coordinador de la Plataforma Nacional del Agro, César Guarniz, resaltó que en Perú se viven momentos complejos y difíciles, con un estado de emergencia decretado en el que “se han suspendido derechos constitucionales fundamentales”.
“Uno de ellos es la inviolabilidad del domicilio y, hace poco, justamente hubo un hecho que ha marcado un hito muy nefasto dentro del actuar de la policía y el Ministerio Público. Ha sido intervenida una institución con mucha trayectoria, con mucha historia”, dijo en referencia a la intervención de la Confederación Campesina del Perú.
El pasado sábado, la Confederación de Campesinos del Perú fue intervenida por la policía y más de 20 personas fueron retenidas por cerca de diez horas, quienes posteriormente, fueron liberados al no hallarse cargos en su contra. También fue intervenida la sede del partido político Nuevo Perú.
Con respecto a los casi 30 fallecidos por la represión de las fuerzas de seguridad contra las protestas, Guarniz comentó que deben “tomarse cartas en el asunto para que los responsables políticos de esta situación y de estos actos directamente tengan que pagar como corresponde”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas, Guilmar Trujillo, expresó que el Gobierno “no está dando la responsabilidad que corresponde ante tan compleja situación política, social que estamos viviendo”.
“Estamos viviendo una situación coyuntural política muy difícil, muy complicada y complementado a ello la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte, está de espaldas al pueblo”, acotó Trujillo.
Además, manifestó que el actual premier, Luis Alberto Otálora, “tiene las manos manchadas de sangre”, pues mientras ejercía como ministro de Defensa “declaró en estado de emergencia a la nación, que ha traído como resultado más de 27 muertos, cientos de heridos a nivel nacional”.
En la víspera, otros voceros también rechazaron la persecución policial contra estudiantes y militantes. El abogado e integrante del partido Izquierda Socialista, Juan Diego Motta, declaró que “lo que tenemos aquí es una campaña de difamación”.
“Las personas que hemos opinado en contra de lo que consideramos una dictadura cívico-militar, que es la que estamos viviendo en el país que ha cobrado decenas de fallecidos, estamos siendo difamados, sindicados como participantes de reuniones terroristas, lo cual nosotros rechazamos contundentemente. Ahora se nos ha aperturado diligencias preliminares a nivel de la Fiscalía de la Nación, con lo cual se consolida este círculo de la persecución por las ideas, por aquellos que estamos planteando una Asamblea Constituyente con participación popular”, enfatizó.
