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El Pleno del Congreso decidió que el proyecto de ley 1097, que dispone medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, retorne a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. La cuestión previa fue solicitada por la parlamentaria de Avanza País, Adriana Tudela, y fue aprobada con 61 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones.
“Este dictamen podría generar una afectación a derechos constitucionales como la libre contratación y podría afectar acuerdos mutuos entre el empleador y trabajador vía ley, cosa que está prohibida constitucionalmente. Creemos que es una problemática que debe tener solución, pero debe ser debatida más profundamente”, señaló la congresista.
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La medida fue presentada por Isabel Cortez, del grupo parlamentario Juntos Por el Perú, y plantea que se condonen las deudas acumuladas producto de las licencias con goce de haber que otorgaron los empleadores durante la pandemia del Covid-19 y la prohibición del descuento a las liquidaciones de los trabajadores debido a las deudas acumuladas por este concepto.
Por otro lado, Rosángella Barbarán, congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, advirtió que la norma ejercería presión únicamente en los empleadores formales.
“Tenemos que legislar en favor de los trabajadores, pero también del empleador, que es el que genera el trabajo. […] Esta norma solo aplicaría para los que están solamente en el sector formal, cuando en lo informal que es un 80% no tiene una perspectiva clara”, indicó.
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Por su parte, Sigrid Bazán, parlamentaria de Juntos Por el Perú y presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social resaltó que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en dicho grupo de trabajo, contando con votos de Avanza País y Fuerza Popular.
“Esta medida no va a poner en riesgo ni la formalidad ni la sustentabilidad de las empresas, pero sí es muy necesaria para salvar la situación de muchos trabajadores en estado de vulnerabilidad”, indicó.
Bazán estimó que aproximadamente 40 mil trabajadores se verían beneficiados de aprobarse la iniciativa.
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Extraído de Peru21
