El Ilustre Colegio de Abogados de Ica, a través de su decana, doctora Fabiola Dalila Donayre Pérez, ha emitido un pronunciamiento en torno a los presuntos actos de corrupción por los que es investigada por la Junta Nacional de Justicia la fiscal de la Nación, doctora Liz Patricia Benavides Vargas.
“El día 27 de noviembre de 2023, en horas de la mañana, los peruanos y especialmente los ciudadanos iqueños, hemos sido testigos de cómo los rumores resultaban ser ciertos, con relación a que una minoría de funcionarios del Estado querían tomar el control global de las instituciones estatales y apoderarse de ellas, valiéndose para ello de actos deshonestos que atentan contra la moral y las buenas costumbres, y que bien podrían encuadrar dentro de un ilícito penal, hechos realizados con el único propósito de velar por sus intereses personales y de sus íntimos allegados, favoreciéndolos aún a pesar del clamor de los más necesitados que reclaman por la mejora de sus necesidades básicas, desaprobando así en gran parte su representación”, sostiene el pronunciamiento al que hemos hecho referencia.
Agrega que: “Estos actos involucran íntimamente a la abogada Liz Patricia Benavides Vargas, quien actúa como fiscal de la Nación; un ente autónomo cuya facultad constitucional está siendo ensombrecida por el mal accionar de su principal representante, donde además involucrarían a otros funcionarios del Estado, quienes parecen vivir lejos de la realidad por la que atraviesa el país, entre ellos la delincuencia común y organizada que cada día se ve más fortalecida, sin que nuestras autoridades vean de este lado de la población; pues, sólo -al parecer- estarían interesados en ellos mismos y de su entorno”.
En ese sentido, el Colegio de Abogados de Ica – CAI exige que la Junta Nacional de Justicia “actúe dentro de las facultades que le otorga la ley para que dentro de un plazo mínimo emita pronunciamiento respecto a la conducta que habría desarrollado la abogada Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, y que su pronunciamiento traiga alivio la población y seguridad jurídica a la Nación; pues estos hechos, como vienen siendo atribuidos, no pueden ser permitidos”.
De igual forma, el CAI pide que la JNJ actúe con la celeridad del caso en otros procesos administrativos a su cargo, “en contra de fiscales y jueces, quienes siguen impartiendo justicia a pesar de haberse dudado seriamente de su probidad y respetabilidad a la envestidura”.
De otro lado, el CAI aprovechó la ocasión para pronunciarse de otro hecho gravísimo que afecta a la región Ica, como es el caso de la inseguridad ciudadana. “Exigimos que las autoridades de turno tomen cartas en el asunto con relación al avance de la delincuencia común y organizada que viene creciendo en nuestra querida ciudad, la cual últimamente se ha visto teñida de sangre en sus calles y enlutando a familias por la pronta y cruel partida de sus seres queridos. Es hora de que todas las instituciones nos unamos para luchar en contra de este flagelo de la corrupción que cada día se apodera más y más de las instituciones estatales y (debemos) desterrarla por siempre de nuestras vidas; así como contra la delincuencia en todos sus ámbitos. No queremos más sangre en nuestras calles”, finaliza el comunicado.
