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La huelga de 72 horas fue acordada por representantes de los gremios de autobuses, taxis, mototaxis y colectivos en protesta por las extorsiones de grupos delincuenciales.
El masivo paro de transporte en Perú, convocado por gremios de transporte de Lima Norte en protesta por las extorsiones de grupos delincuenciales, comenzó este jueves con bloqueos en varias vías de comunicación y neumáticos pinchados.
Según El Comercio, aunque varios gremios de transportistas decidieron no secundar la huelga, en las últimas horas se sumaron comerciantes y empresarios de diferentes sectores, que reclaman la falta de seguridad para los choferes.
La huelga de 72 horas fue acordada el sábado por representantes de los gremios de autobuses, taxis, mototaxis y colectivos.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, minimizó este jueves el paro y subrayó que la “tranquilidad es absoluta”. “Quiero informar a la ciudadanía que la tranquilidad es absoluta, toda Lima Metropolitana está siendo protegida por nuestra Policía y Fuerzas Armadas. Tenemos unidades en los 14 distritos donde se ha declarado el estado de emergencia'”, aseveró.
“Chantajear al gobierno”
Adrianzén destacó que quienes marchan pretenden “chantajear al gobierno” para que les autoricen rutas.
En ese sentido, el portavoz de la Presidencia de Perú, Fredy Hinojosa, denunció recientemente los supuestos intereses “políticos” detrás del paro. “Lo que estamos advirtiendo es que existen intereses políticos, cuyo objetivo es generar una desestabilización, afectar la institucionalidad e impedir que nuestro país continúe dentro del marco democrático y constitucional”, dijo.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), Walter Carrera Álvarez, aseguró que la movilización no tiene fines políticos y que la huelga tiene como objetivo “la defensa de la vida y la paz”.
Álvarez señaló que la acción es una respuesta a “la permisividad gubernamental frente a la inseguridad” en las ciudades.
No es la primera vez que los transportistas salen a la calle a protestar. A finales de septiembre, el Gobierno anunció una declaratoria de emergencia por 60 días en varios distritos de Lima, luego de un paro para demandar también más acciones contra la extorsión.
