La CIJ ha ratificado este viernes el carácter ilegal de la política de asentamientos implementada por el régimen israelí en los territorios palestinos ocupados.
En respuesta a una petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha considerado que la política de asentamientos de Israel en la Palestina ocupada viola el derecho internacional en relación con la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas.
Asimismo, el tribunal internacional ha cuestionado la legitimidad de esta práctica en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes israelíes sobre los mismos, los cual es constitutivo de un esfuerzo de anexión y contraria al derecho Internacional, ha manifestado la Corte.
La CIJ ha señalado en su decisión sobre la legalidad del gobierno israelí en Cisjordania y Jerusalén Este (Al-Quds) que existen “amplias pruebas” de que el régimen de Tel Aviv “proporciona incentivos” a su población para que se traslade a los territorios palestinos, y que además “legaliza regularmente los puestos de avanzada establecidos en desafío de su propia legislación interna”.
De acuerdo con la Corte, “la naturaleza de los actos de Israel, incluido el hecho de que frecuentemente confisca tierras tras la demolición de propiedades palestinas para reasignarlas a asentamientos israelíes, indica que sus medidas no son de carácter temporal y, por lo tanto, no pueden considerarse permisibles en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra”.
La CIJ también ha denunciado “fracaso sistemático” de las autoridades sionistas a la hora de impedir la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina en el territorio ocupado de Cisjordania.
En resumen, el Tribunal de La Haya ha afirmado que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, y el régimen asociado a ellos, se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional, políticas y prácticas diseñadas para tener un “carácter indefinido” que provoca “efectos irreversibles” en los territorios ocupados.
La Corte subraya que el mantenimiento y la expansión de los asentamientos, la construcción de infraestructura asociada y el muro de seguridad, la explotación de los recursos naturales, la proclamación de Al-Quds (Jerusalén) como capital de la entidad sionista, entre otras acciones ilegales, “equivalen a la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado” contrario, por tanto, “a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales”.
Por último, la CIJ ha declarado además que Gaza es parte integral del territorio ocupado por el régimen israelí, y forma una “única unidad territorial con Cisjordania y Jerusalén Este”, de acuerdo con la lectura pronunciada por el presidente del tribunal, Nawaf Salam.
La Corte Internacional de Justicia abrió en febrero una serie de vistas en torno a la petición presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU para que comunicara una opinión formal sobre los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.
Es la segunda vez en la que la CIJ, a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene que pronunciarse sobre la situación en los territorios palestinos ocupados. La primera vez tuvo lugar en 2004, cuando falló que el muro de separación construido por Israel en la Cisjordania ocupada violaba el Derecho Internacional y pidió su derribo, aunque este aún sigue en pie.
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