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Al evento asistieron los familiares de 35 víctimas que fueron ejecutadas de manera extrajudicial por el Ejército entre los años 90 y 2000.
El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, le pidió perdón este miércoles a los familiares y víctimas de los ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado en el departamento de Antioquia.
Este acto realizado en el Museo Casa de la Memoria, ubicado en Medellín, estuvo presidido por el titular de Defensa y el comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo.
En su derecho de palabra, Velásquez pidió perdón, en nombre del Estado, por esa “terrible y vergonzosa práctica” que le quitó la vida a 35 personas en Antioquia, entre los años 1998 y 2009 durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
“Como ciudadano y ministro, me avergüenza y debe avergonzarnos a todos los que hemos conocido como ‘falsos positivos’, verdaderas ejecuciones extrajudiciales”, aseveró.
En su reconocimiento, el titular de Defensa se refirió a la ejecución de civiles inocentes que no pertenecían a grupos guerrilleros ni al margen de la ley, y que estaban desarmados cuando fueron ultimados.
Un acto histórico
A este acto público, catalogado de histórico, asistieron los familiares de 35 civiles que fueron ejecutados por los miembros del Ejército para presentarlos como bajas en combate con los grupos insurgentes y obtener algún tipo de retribución o beneficio.
Los allegados, entre madres, viudas y huérfanos, hablaron de sus familiares asesinados y llevaron consigo imágenes de sus rostros. Se refirieron a las dificultades que tuvieron durante décadas para acceder a la justicia, frente a la apatía de las autoridades para abordar sus casos e investigar lo que había ocurrido.
Antioquia es el epicentro de los ‘falsos positivos’ en Colombia. De las 6.402 víctimas que han sido identificadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2002 y 2008, 1.611 son de esa entidad, lo que representa el 25 % del total de víctimas.
La primera ceremonia de este tipo ocurrió en Bogotá, cuando Velásquez reconoció la responsabilidad del Estado en las ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Soacha, donde se registraron 14, y en la capital colombiana, en la que hubo 5.
