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A efectos prácticos, esto significa que ciertos acreedores podrán no cobrar de inmediato sus deudas con activos pertenecientes a la estatal petrolera venezolana.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés) promulgó este lunes la Licencia General N.º 5P, que autoriza a los tenedores de bonos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con vencimiento en 2020 a ejecutar “todas las transacciones relacionadas con, la provisión de financiamiento para, y otras transacciones en el Bono al 8,5 % de Petróleos de Venezuela, S.A. 2020” prohibidas por el régimen de sanciones de Washington, pero solo “a partir del 12 de noviembre de 2024“.
Esto significa que desde ese momento, esos actores tendrán permitida “la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga una participación accionaria del 50 % o más”, lo que abre la puerta para que este tipo de acreedores soliciten pagos de deudas con cargo a los activos de la petrolera venezolana, entre ellos su refinadora Citgo Petroleum, basada en el estado de Texas.
🇺🇸 EEUU renovó por 3 meses más la licencia que protege a Citgo de los tenedores de Bonos PDVSA 2020.🗣️ La normativa sustituye la resolución 5O que fue emitida en abril de 2024 y tendrá vigencia hasta el 12 de noviembre de 2024.📌 Licencia pic.twitter.com/XJgMiWem9L
— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) August 12, 2024
En junio pasado, la Justicia estadounidense inició un proceso de venta forzosa de acciones de Citgo, hecho que fue denunciado desde Caracas como un procedimiento “contrario al derecho” y “un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los EE.UU. contra Venezuela”, en interés de despojarla de “un activo estratégico”.
En un comunicado difundido entonces por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se hizo hincapié en que la Casa Blanca excluyó a las autoridades del país suramericano “de la venta judicial de Citgo”, al impedirles ejercer el derecho a la defensa, todo ello en complicidad con el “grupo de delincuencia organizada autodenominado ‘Asamblea Nacional 2015′”.
Este grupo, sostuvo el Ejecutivo venezolano, es “liderado por Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges y la casta de los apellidos del neofascismo venezolano, quienes desde 2019 han pretendido usurpar las instituciones y la representación de la República y sus entidades en el extranjero”.
