El ‘vía crucis’ de Paulo Costa: tres años preso en Brasil por un reconocimiento fotográfico erróneo

Paulo Alberto da Silva Costa tenía 33 años cuando fue víctima de un proceso errático e irregular cometido por la Policía brasileña y avalado por el sistema judicial de Brasil. La negligencia de las autoridades lo llevó a cumplir tres injustos años de cárcel, señalado por 62 delitos que nunca cometió.

Costa trabajaba como portero residencial en el municipio Belford Roxo, de la región Baixada Fluminense, en el estado de Río de Janeiro, cuando el 6 de marzo de 2020 fue arrestado como sospechoso de cometer 59 robos, uno con resultado de muerte, así como un homicidio, así como por un delito de receptación.

Su rostro, nombre y familiares quedaron expuestos al escarnio público, mientras que casi todas las acusaciones en su contra se originaban en la misma comisaría donde exponían sus fotos sin permiso tras haberlas obtenido de una red social, sin citarlo nunca a testificar o a presentar coartadas para demostrar su inocencia, reseña el medio local Folha.

Todos los delitos que las autoridades le imputaban a Paulo fueron atribuidos por una víctima que lo identificó en un reconocimiento fotográfico realizado en la mencionada comisaría, practica que es considerada como irregular por la justicia brasileña si se presenta como única prueba, ya que estos procedimientos incrementan los prejuicios raciales y conducen a errores judiciales.

Desde ese momento, Costa permaneció privado de libertad a pesar que era inocente. Este hombre nacido en Paudalho, Pernambuco, de bajos recursos económicos y de piel negra, era el sujeto perfecto para señalarlo por simple estereotipo racial como culpable de los hechos que le inculpaban.

Su caso no ha sido el único error cometido por la Policía brasileña a través del reconocimiento fotográfico, método que, a pesar de ser ilegal, se emplea con frecuencia y da lugar a condenas injustas de innumerables personas, en particular de pobres y de personas como Costa, quien llegó a Río de niño en 1998 junto a su hermana y su madre.

Sin empleo

Costa tuvo que pasar tres años entre rejas, someterse a decenas de interrogatorios, pasar por 20 absoluciones y 11 condenas para que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil ordenara su liberación y reconociera que el caso y su tiempo pasado en prisión había sido un error y una ilegalidad. Finalmente, Paulo fue puesto en libertad en mayo de 2023. “Pensé que nunca iba a salir”, dijo al mencionado medio brasileño.

Ya con 36 años, con solo el octavo grado de bachillerato aprobado, pobre y sin trabajo, este hombre debía encontrar un empleo, pero sus antecedentes penales, inexistentes antes del error policial, se lo impedían ahora, ya que manchaban su historial los múltiples delitos que no cometió.

A la espera de que la justicia de respuesta al proceso de revaluación de los cargos judiciales en su contra, que sigue pendiente de resolución, Paulo se sostiene con trabajos ocasionales o informales, como lavar autos. Mientras, el falso prontuario de Paulo sigue señalándolo como presunto culpable ante la sociedad. Mientras tanto, 

“¿Quién va a contratar a alguien que necesita constantemente tiempo libre del trabajo para asistir a las audiencias judiciales? […] No puedo tener una vida normal. Y en el Brasil en el que vivimos, tengo miedo de morir antes de ver el final de estos casos en mi contra”, se lamenta Costa citado por The Guardian.

En otra entrevista con Fohla, Paulo dijo que, a pesar de la dificultad, se siente aliviado de al menos encontrarse en libertad, porque así logró reencontrarse con sus dos hijos, una niña de 6 años que no lo reconoció cuando salió de la cárcel y otro niño de 11 años.

“Ya no puedo soportar esta situación. Siempre he trabajado. Mi hermana siempre ayudó a mi madre. Ahora estoy estancado en el tiempo. No me gusta depender de mi hermana. Desafortunadamente, eso es todo”, comentó Costa al medio brasileño.

Torbellino judicial y solicitud de indulto

En mayo de 2024, cuando se cumplió un año de su puesta libertad, Paulo continuaba desempleado, con 37 años, en medio de un ‘vía crucis’ judicial. Además, en ese tiempo también lo acusaron de otros tres supuestos delitos, sólo por aparecer en el registro de antecedentes penales de la Policía.

En medio de este torbellino penal, Costa, a través de la Defensoría Pública de Río de Janeiro, envió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva una solicitud de indulto de todos los cargos que le inculpan. Además, el ministro Rogério Schietti, del STJ, dijo que el caso de Paulo es considerado una “deshonra” que ha impedido al hombre encontrar un empleo fijo debido a los constantes interrogatorios.

En mayo de 2024, el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, junto al Ministerio de Igualdad Racial, encabezado por Anielle Franco, solicitaron a la Justicia acelerar y respaldar el proceso de indulto para Costa, víctima del ilegal reconocimiento fotográfico empleado por la Policía.

“Estoy convencido de que nos enfrentamos a un error judicial muy grave, con consecuencias duraderas en el tiempo. […] me da vergüenza ser parte de un sistema de justicia que mata a la gente. Una vida envuelta en la crueldad”, declaró Almeida en un juicio, citado por Fohla.

El indulto, que está previsto en el Código Penal brasileño, debe aún pasar por el Consejo Penitenciario y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para que Lula pueda tomar una decisión presidencial, que, de ser positiva, no tendría precedentes en casos de ese tipo.

Problema estructural

Mientras, la defensa de Costa sigue haciendo apelaciones por cada caso en su arduo trabajo por limpiar su expediente judicial. Lucia Helena de Oliveira, abogada defensora de Paulo, alegó que su caso no es el único y se enmarca en un problema estructural del sistema de justicia, en el que hay personas que siguen presas tras ser condenadas injustamente.

Un ejemplo, es el caso de Carlos Edmilson da Silva, otro hombre pobre y negro, que fue condenado a 137 años, 9 meses y 28 días de cárcel y liberado en mayo de 2024, acusado por violar a varias mujeres aunque ninguna instancia comparó su ADN con el de las víctimas y sólo tomó como prueba el reconocimiento fotográfico.

Otro caso sonado, fue el del famoso actor estadounidense afroamericano Michael B. Jordan, cuya fotografía fue incluida en uno de esos álbumes de supuestos ‘sospechosos’ que suelen colgar en las comisarías, esta vez en el estado de Ceará, donde lo señalaban como presunto autor de una masacre. Tras conocerse el escándalo, la Policía brasileña admitió su error.

Por todo ello, subraya la abogada Oliveira, el proceso de indulto resulta importante, porque pondría en debate nacional el tema del reconocimiento fotográfico como un asunto que, más allá de ayudar, genera problemas e irregularidades en el sistema de justicia.

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