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Al menos 7.500 se encuentran bajo “doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales”, informó la Defensoría.
Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantienen confinadas a unas 45.000 personas de 85 comunidades afroamericanas e indígenas que habitan en el departamento del Chocó, al oeste de Colombia, denunció este martes la Defensoría del Pueblo.
La institución informó que el ELN ha impuesto un paro armado indefinido en la subregión de San Juan de Chocó, que afecta “los derechos fundamentales de los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan”.
Del total de personas confinadas, 7.500 se encuentran bajo “doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria“.
La Defensoría alertó que junto con el paro armado, la confrontación y disputa territorial que mantienen el ELN y el grupo narcocriminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como Clan del Golfo, agrava la situación de las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón, así como en las inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá.
El paro armado afecta asimismo a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal y Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina).
También están confinados los pueblos de Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien y Chagpien Tordó, y los integrantes de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.
“Acciones urgentes”
La Defensoría advirtió que los hechos en Chocó “ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos”.
Además, denunció que las personas quedan expuestas “a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersona o artefactos explosivos y desplazamiento forzado”.
El paro también agrava otras realidades, entre ellas la “limitación en el acceso a servicios esenciales” como alimentación, salud y educación, además de los daños ambientales por desbordamiento del río San Juan. Por ello, la Defensoría pide a las autoridades tomar “acciones urgentes de prevención y protección”, para garantizar los derechos fundamentales de la población.
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