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Desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aclararon que se trata de una media que se encuentra claramente establecida en la Constitución.
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, calificó de “narcojuicio” el proceso que la Asamblea Nacional reanudará en su contra, y que se suspendió en mayo, luego de que ella alegara que afrontaba un embarazo de alto riesgo.
A través de un video, Suárez reapareció y dijo que estaba lista para enfrentar el juicio político: “He informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud; y, con la autorización de nuestro médico, puedo contarles que la pausa, que obligatoriamente debimos tomar, ha llegado a su fin“, manifestó.
Pero la polémica vino a raíz de la frase que emitió después: “Estuve, estoy y estaré lista para asumir este ‘narcojuicio’. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que, con mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”.
Salazar insistió en que “las causales” que han presentado los interpelantes para este juicio político “no tienen sustento”, “se desvanecen solas” y tratan de “distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales”.
Del mismo moco, acusó a los interpelantes de pretender que se detengan los casos emblemáticos que su despacho lleva adelante, como los denominados Metástasis, Vocales, Independencia Judicial, Purga y Plaga.
Se reactivará el juicio político
La respuesta de la Asamblea Nacional no tardó en llegar. La Comisión de Fiscalización emitió un comunicado para rechazar “enérgicamente” las declaraciones de Salazar y dejar claro que lo que la funcionaria califica de “narcojuicio” es “un proceso que se encuentra claramente establecido en la Constitución”.
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RECHAZA enérgicamente las declaraciones emitidas por la funcionaria enjuiciada, Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado, en las cuales califica de “narcojuicio” a un proceso que se encuentra claramente establecido en la Constitución y la Ley: pic.twitter.com/DVKezPbYqS
— Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) August 20, 2024
“Recordamos a la enjuiciada que el juicio político es una expresión del principio de pesos y contrapesos, un concepto fundamental en el orden democrático y constitucional, al que debe someterse como cualquier otra funcionaria pública, que respeta la ley, sin calificativos ni amenazas”, dice el texto.
La comisión parlamentaria consideró que el objetivo de los señalamientos de la fiscal es “desprestigiar” a un proceso de “control histórico” que tiene la Asamblea Nacional y los parlamentos del mundo, para “fiscalizar a quienes ostentan la máxima autoridad en distintos poderes del Estado”.
Esta instancia legislativa informó que, en consecuencia, “se encuentra preparada para avocar conocimiento, calificar y sustanciar” el juicio político en contra de la fiscal general.
En otro comunicado, la Asamblea Nacional precisó que una vez que Salazar había informado el fin de su pausa por embarazo de alto riesgo, iniciarán el trámite correspondiente para retomar el procedimiento.
El Congreso recalcó que una vez culminado el receso parlamentario, que inició el lunes pasado y se extenderá hasta septiembre, procederá a convocar a sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) “para conocer y resolver sobre el pedido de reactivación del juicio político“.
