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El Gobierno de Perú declaró “improcedente” la solicitud de defensa y asesoría legal del expresidente, Pedro Castillo, en la investigación en su contra como presunto instigador de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible.
En una resolución de la Subsecretaría General, emitida el 23 de agosto pasado, el Despacho Presidencial indicó que los hechos indagados contra Castillo “no se encuentran vinculados al ejercicio regular de sus funciones como presidente de la República”.
Sobre el exmandatario (2021-2022) pesa una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República por la presunta comisión de delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, en agravio del Estado.
