La elección de las máximas autoridades del sistema judicial en Guatemala podría estancarse debido a la intervención de poderes paralelos.
La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de apelaciones ya inició y al mismo tiempo iniciaron las argucias para que el mismo se retrase.
Al menos cinco acciones legales han sido planteadas ante la Corte de Constitucionalidad para detener el proceso, un grupo de intelectuales y académicos se han unido para exigir que se cumpla con lo establecido en la constitución.
Los decanos de las universidades privadas del país y la universidad estatal serán los encargados de elegir a las comisiones que evaluarán a cada uno de los aspirantes a tan altos cargos y que en consecuencia serán los próximos magistrados de uno de los tres poderes del estado por un periodo de cinco años; sin embargo, las expectativas son limitadas en cuanto a depurar el actual sistema corrupto.
El presidente de la república solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que envíe una misión de observación para garantizar un proceso transparente, lo cual fue aceptado por el secretario general de esa organización, no obstante, la oposición en el congreso no está de acuerdo con la invitación y lo considera injerencia.
Los magistrados que dejaron el poder recientemente se perpetuaron en él por nueve años consecutivos, cinco que les correspondía y cuatro de manera ilegítima y muchos de los amparos van por la misma línea, intentar que los actuales magistrados se perpetúen en el poder.
La Corte de Constitucionalidad ya falló en torno a un amparo de los cinco presentados y consideró improcedente su contenido, en consecuencia, los tiempos establecidos en ley se mantienen, no obstante, es el inicio de una larga batalla para amañar el proceso.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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