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El desastre dejó 19 personas y arrojó 43,8 millones de metros cúbicos de residuos en el municipio de Mariana y otras comunidades.
Nueve años después de la mayor tragedia ambiental en Brasil, que mató a 19 personas y arrojó 43,8 millones de metros cúbicos de residuos en el municipio de Mariana, en el estado de Minas Gerais, los afectados todavía están enzarzados en un entramado burocrático para poder cobrar las indemnizaciones que les corresponden.
El 5 de noviembre de 2015, un ‘tsunami’ de lodo arrasó decenas de localidades, entre ellas Mariana, tras la rotura de la represa Fundao, de la compañía minera Samarco, que es copropiedad de la brasileña Vale y la australiana BHP.
Los desechos de minerales recorrieron más de 600 kilómetros por el río Doce hacia el océano Atlántico y destruyeron comunidades enteras.
A lo largo del recorrido, la deposición de residuos en los cauces de los ríos y en amplias zonas provocó la degradación de 2.000 hectáreas, además de la muerte de miles de animales.
La economía quedó paralizada y miles de personas perdieron sus hogares.
Los efectos permanecen
Casi una década después, los efectos todavía se sienten. Más de 100 familias no fueron reasentadas, la pesca sigue prohibida en varios puntos por la presencia de contaminantes.
Hasta la fecha, nadie ha sido considerado penalmente responsable del desastre, aunque los acusados fueron interrogados a finales del año pasado y el caso está listo para el juicio. En la actualidad, hay 11 imputados, cuatro empresas y siete personas.
En 2016, al año siguiente de la tragedia, Vale y BHP firmaron un acuerdo con entidades públicas para reparar los daños y compensar los impactos causados. Sin embargo, las acciones realizadas hasta la fecha se consideran insuficientes.
Pero más tarde se abrieron nuevas negociaciones debido a incumplimientos en las reparaciones y la búsqueda de mejores indemnizaciones individuales a más de 300.000 personas, en medio de la lentitud de la justicia en la resolución de los casos.
El pasado 25 de octubre, se firmó entre las partes un nuevo acuerdo, que empezó a gestarse hace más de tres años. El documento prevé un total de 170.000 millones de reales (unos 29.900 millones de dólares) en reparaciones, y que incluyen 38.000 millones de reales (unos 6.700 millones de dólares) ya invertidos en medidas de compensación.
De ese monto, al menos 32.000 millones de reales (unos 5.600 millones de dólares) se destinarán a indemnizaciones individuales y proyectos de reasentamiento y 100.000 millones de reales (17.600 millones de dólares) corresponden al valor que las mineras pagarán en cuotas a lo largo de 20 años a los municipios afectados y a programas gestionados por instituciones de justicia.
