En República Dominicana genera preocupación que personas vinculadas a delitos tan graves como el narcotráfico, hayan alcanzado posiciones en el Congreso de ese país.
Son al menos cinco los congresistas dominicanos cuyos nombres han sido ligados a estructuras que se dedican a cometer actividades ilícitas. De este grupo dos han sido condenados recientemente, lo que ha reabierto el debate en el país sobre cómo las organizaciones políticas han sido penetradas por la delincuencia.
No solamente es un problema en términos de la degradación de la política, sino que incluso en término de la imagen del país realmente se verá afectada.
Legisladores y analistas políticos reclaman a los partidos endurecer los controles para evitar ser utilizados por este tipo de elementos, señalando que estos tienen como objetivo llegar al Congreso en un intento de lograr impunidad.
El caso más reciente de condena a un miembro del Congreso dominicano ocurrió apenas la semana pasada, cuando jueces de la Suprema Corte de Justicia sentenciaron a la diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pilarte, a cinco años de prisión por lavado de activos. La dirección del PRM señaló que esto es una muestra de la independencia del sistema judicial.
El diputado Miguel Gutiérrez, perteneciente a esta misma agrupación política, había sido condenado el pasado mes de abril por una corte de la ciudad de Miami a 16 años de prisión, tras hallarlo culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Los demás legisladores cuyos nombres han sido relacionados a actividades ilegales, pertenecen también al partido de gobierno.
Stephanie Andújar, Santo Domingo.
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