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La suspensión de algunos procesos en el Legislativo permitió acelerar otros contra actuales funcionarios del Gobierno.
La Asamblea Nacional y el Ejecutivo de Ecuador protagonizan un nuevo enfrentamiento, pero en esta ocasión con intervención de la Justicia, lo que ha caldeado los ánimos en el ambiente político ecuatoriano.
La pugna surge luego de que la asambleísta Inés Alarcón, integrante de la bancada oficialista Acuerdo Democrático Nacional (ADN), presentara ante la Justicia una acción de protección por el archivo en el Parlamento de tres solicitudes de juicio político en contra de exfuncionarios de la Administración de Guillermo Lasso (2021-2023): Pablo Arosemena, exministro de Economía; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior; y Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública.
En julio, Alarcón presentó el recurso para intentar reabrir esos juicios políticos en una unidad judicial de Iñaquito, al norte de Quito, pero luego la retiró. El 8 de agosto, la asambleísta la volvió a ingresar en Quitumbe, al sur de la capital ecuatoriana, reseñó Radio Pichincha.
La acción de protección fue aceptada por el juez Edgar Javier Romero Salazar, quien dispuso que la Asamblea Nacional retome los juicios políticos archivados. Sin embargo, el Parlamento aseveró que no acatará el dictamen.
El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, se pronunció para celebrar la decisión del magistrado, agradeciendo a Alarcón por su “valentía” al presentar el recurso.
“Ganó una acción de protección presentada por la Asambleísta Inés Alarcón, que hará que se respete el orden en que fueron interpuestos los juicios políticos“, expresó. Por su parte, Alarcón y la bancada ADN insisten en que la Asamblea Nacional “debe acatar” la decisión de la Justicia.
Archivo y acelerador
Los juicios políticos a los exfuncionarios de Lasso fueron archivados en julio por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, argumentando que se habían retirado las firmas de respaldo para ello.
El archivo permitió acelerar los procesos de interpelación contra la actual canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, que también se archivó posteriormente; y contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, que ahora se encuentra en trámite.
Si la Asamblea Nacional acata la decisión del juez Romero Salazar, debe retomar los juicios políticos contra los exfuncionarios de la anterior Administración, lo que atrasaría los procesos que actualmente se siguen a los funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa.
Por el contrario, si se mantiene el cronograma de interpelaciones previsto, además de Palencia, la próxima interpelada sería la polémica fiscal general, Diana Salazar, quien esta semana ha tildado el proceso como un “narcojuicio”.
La respuesta de la Asamblea
El Parlamento, que actualmente se encuentra en receso hasta el 2 de septiembre, emitió un comunicado para dejar claro que no acatarán la sentencia de Romero Salazar porque constituye “una inaceptable intromisión” en las funciones del órgano legislativo.
En el mismo tono, el secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, confirmó que no atenderán la decisión judicial, al calificar la sentencia de “arbitraria, espuria, corrupta y contraria al ordenamiento jurídico vigente”.
Explicó, como se menciona en el comunicado del Parlamento, que la decisión del juez vulnera o contraviene la sentencia 122-22-JC/23 de la Corte Constitucional (CC) de Ecuador, emitida en octubre del año pasado.
En esa sentencia, según explica Muñoz, se establece que la justicia constitucional no puede interferir en procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional; es decir, que no puede ser utilizada para resolver conflictos políticos, pues estos se deben resolver en su propia arena y no ser trasladados a la esfera jurídica.
Ante ello, el Parlamento anunció que tomarán “todas las acciones legales necesarias”, incluyendo “denuncias por error inexcusable” y la presentación de “una denuncia penal por prevaricato” contra el juez Romero Salazar.
No comparecer
Antes de la decisión del juez Romero Salazar, se conoció que el Gobierno de Daniel Noboa dispuso a sus ministros que no comparezcan ante la Asamblea Nacional.
“Hemos decidido ya que no vayan los funcionarios, que no vayan. Si quieren ponerles juicio político, ¡que les pongan juicio político! (…) Es una disposición a todos”, dijo el viceministro Esteban Torres Cobo.
Torres consideró que “no está mal que vayan” funcionarios a prestar declaración ante el Parlamento para cuestiones de carácter técnico, pero admitió que en el resto de los casos, “políticamente no se gana nada, porque lo que se busca es el espectáculo del espectáculo“.
Esta tensa situación entre el Ejecutivo y el Legislativo se da a pocos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Ecuador, previstas para el 9 de febrero de 2025, en las que Noboa buscará la reelección y se renovarán los curules en la Asamblea Nacional.
