Josep Borrell, exjefe de Política Exterior de la UE, sostiene que la falta de ejecución de la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu socava la credibilidad del bloque.
En un mensaje emitido este viernes en su cuenta en X, Borrell ha puesto en entredicho la negativa de varios países, incluidos Estados Unidos, Italia y Polonia, de detener al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tal como lo ordenó la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza.
El diplomático español ha resaltado que la “selección a discreción” en la aplicación del Estatuto de Roma es incomprensible y socava la credibilidad de la Unión Europea (UE) como comunidad de derecho. “Nuestra credibilidad como comunidad de derecho se está erosionando”, ha denunciado.
Cherrypicking in applying the Rome Statute is incomprehensible. How can we expect third countries to enforce the ICC arrest warrant against Putin (which they should!) and then say we won’t enforce it against Netanyahu? Our credibility as a community of law is eroding.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2025
Borrell ha aducido que si no cumplen con la orden contra Netanyahu, no se puede esperar que terceros países ejecuten la orden de arresto que la CPI emitió en marzo de 2023 contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
La CPI dictó el 21 de noviembre órdenes de detención contra Netanyahu y Yoav Gallant, su exministro de asuntos militares, señalándolos como máximos responsables de “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023” en la Franja de Gaza.
Sin embargo, varios miembros de la UE no se han comprometido explícitamente a hacer cumplir la orden, lo que según la organización internacional Human Rights Watch (HRW) profundiza la percepción de que se aplican dobles raseros en apoyo de la justicia ante la CPI.
El Estatuto de Roma es el tratado que estableció la CPI. Los países que no han ratificado el Estatuto de Roma, pueden elegir de forma voluntaria cooperar con la Corte, pero en caso de que un país miembro no cumpla con su obligación de cooperación, los jueces de la CPI pueden remitir el caso a la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma para que se tomen las medidas que la Asamblea considere apropiadas. 124 Estados son miembros del tribunal y están teóricamente obligados a detener a aquellas personas contra las que pesen este tipo de órdenes.
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