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La presidenta hondureña, Xiomara Castro, pidió “que se aplique todo el peso de la ley a todos los involucrados, sin privilegios para nadie”.
Una denuncia por presunta extorsión ensombrece la carrera del abogado Marco Vallecillo, un juez con jurisdicción nacional en materia de corrupción que fue detenido por las autoridades hondureñas e imputado junto al abogado Nelson Omar Sierra.
El Ministerio Público detalló el domingo que había solicitado la detención del togado por el presunto delito de “extorsión en perjuicio de testigo protegido”, luego de que el afectado denunciara amenazas para obligarlo a pagar tres millones de lempiras (más de 120.000 dólares), a cambio de no abrirle un procedimiento fiscal.
“Una vez concluido lo pactado, en fecha 17 de agosto, los imputados se reunieron en una estación de servicio en la salida al sur del país para concretar la transacción ilícita”, detalla el comunicado de la Fiscalía. En el momento en que el testigo protegido se disponía a materializar la operación, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron y lograron “la detención en flagrancia de los involucrados”.
El proceso provocó la inmediata reacción de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien consideró que la causa debe investigarse hasta sus últimas consecuencias: “En este grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, quienes han sido acusados por el Ministerio Público, confío en que se investigue y se descubra la verdad y que se aplique todo el peso de la ley a todos los involucrados, sin privilegios para nadie”.
El pueblo sabe que durante años, junto a la resistencia, hemos sido víctimas de la injusticia en Honduras. En este grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, quienes han sido acusados por el Ministerio Público, confío en que se investigue y se descubra…
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 19, 2024
Vallecillo niega su implicación en el caso, asegura que tiene pruebas que demuestran su inocencia y ha pedido que su audiencia sea pública. Mientras tanto, permanecerá recluido en el Comando de Fuerzas Especiales conocido, como ‘Los Cobras’, en la colonia 21 de Octubre.
Para la presidenta hondureña, la corrupción a lo interno del sistema judicial es un problema de vieja data. “El pueblo sabe que durante años, junto a la resistencia, hemos sido víctimas de la injusticia en Honduras“, recalcó ayer.
Este lunes, el canciller del país centroamericano, Enrique Reina, secundó la postura de Castro y aseveró que la mandataria “ha demostrado su firmeza en la lucha por la transparencia y contra la corrupción, no solo con sus acciones para fortalecer la institucionalidad y recuperar el daño provocado por la narco-dictadura, sino que al intervenir e investigar actos en la institucionalidad que le corresponde como Poder Ejecutivo”.
“Narco-dictadura”
Al aludir a la narco-dictadura, Reina parece referirse a la anterior administración hondureña, en vista de que el expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado en EE.UU. a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico, al haber aceptado millones de dólares de capos de la droga para protegerlos de la ley.
Hernández fue detenido en su casa de Tegucigalpa, la capital de Honduras, en febrero de 2022, menos de un mes después de dejar el poder; y fue extraditado a EE.UU. en abril de ese mismo año para responder ante la Justicia. Según la Corte, el exmandatario y sus cómplices traficaron más de 400 toneladas de cocaína a EE.UU. durante los ocho años que gobernó (2014-2022).
