La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal organismo de la ONU para la resolución de disputas entre estados, ha declarado que la presencia continua de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y debe cesar “lo más pronto posible”.
El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, presentó el 19 de julio la opinión consultiva no vinculante de un panel de 15 jueces sobre la ocupación israelí. El dictamen detalla una serie de políticas israelíes que, según el tribunal, contravienen el derecho internacional. Entre estas se incluyen la construcción y expansión de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, la explotación de recursos naturales, la anexión y el control prolongado de las tierras, así como prácticas discriminatorias hacia los palestinos.
La Corte concluyó que Israel no tiene derecho a ejercer soberanía sobre estos territorios, subrayando que el país está infringiendo leyes internacionales que prohíben la adquisición de tierras mediante la fuerza y está obstruyendo el derecho de los palestinos a la autodeterminación.
“La construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, así como el régimen asociado a ellos, han sido establecidos y se mantienen en violación del derecho internacional”, afirmó la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad Maliki, calificó el fallo como un “momento decisivo para Palestina, la justicia y el derecho internacional” durante una declaración a los medios en La Haya. Maliki elogió la decisión de la CIJ, destacando que “la Corte ha cumplido con sus deberes legales y morales con este fallo histórico”. Además, instó a los estados a cumplir con sus obligaciones y a evitar cualquier forma de apoyo a la ocupación israelí, incluyendo asistencia, comercio y armas.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel descalificó la resolución, tildándola de “fundamentalmente errónea y parcial”. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que el fallo fue calificado como una “decisión basada en mentiras” que distorsionaba la realidad, afirmando que “el pueblo judío no es ocupante en su propia tierra”.
Desde una perspectiva política, el sionismo, al igual que otros proyectos coloniales, necesita justificar su propósito en términos de civilización. En este contexto, se puede recordar a Theodor Herzl, fundador austrohúngaro del movimiento sionista, quien en 1896 describió la futura colonia como “un bastión de Europa contra Asia, un puesto avanzado de la civilización contra la barbarie”.
En 1936, Chaim Weizmann, líder de la Organización Sionista, describió a los palestinos como “las fuerzas de la destrucción, las fuerzas del desierto” y a los colonos judíos como “las fuerzas de la civilización y la construcción”. Esta justificación civilizatoria revela que, desde su origen, la entidad sionista ha enmarcado su narrativa en términos coloniales, buscando eliminar a los palestinos nativos.
El historiador Patrick Wolfe señala que “las colonias de asentamiento se basan (y se basaban) en la eliminación de las sociedades nativas… Los colonizadores vienen para quedarse: la invasión es más que un evento, es una estructura”. En la práctica, el colonialismo israelí se manifiesta a través de diversos mecanismos diseñados para consolidar hechos consumados, como la construcción de asentamientos, la colonización económica y la ocupación militar. Estos mecanismos buscan justificar la anexión administrativa y legal de los territorios palestinos.
Por esta razón, Palestina puede considerarse un “laboratorio de los procesos globales de dominación y desposesión”. Desde su fundación e incluso antes, se instauró una lógica colonial. A pesar de los intentos sionistas por presentar el país como deshabitado, Palestina contaba y sigue contando con una población nativa.
El proyecto de eliminar a la sociedad nativa estuvo presente desde los inicios. Entre el 30 de noviembre de 1947 y el 14 de mayo de 1948, más de 400,000 palestinos fueron desplazados de sus hogares. En diciembre de 1948, otros 350,000 sufrieron el mismo destino.
En 1947, el primer ministro israelí de entonces articuló claramente que el objetivo del sionismo era “conquistar el país, en su totalidad o en gran parte, y perpetuar esta conquista hasta que se alcance un acuerdo político”.
Tras la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel continuó expandiendo su ocupación sobre territorios palestinos adicionales. Se establecieron asentamientos israelíes en áreas de las cuales se había expulsado a la población local, a quienes se les prohibió regresar y se les confiscaron sus propiedades, conforme a la Ley de Propiedad de Ausentes de Israel de 1950.
El primer asentamiento, Kfar Etzion, situado entre Jerusalén y Hebrón, marcó el inicio de una serie de “asentamientos de seguridad”. Estos asentamientos no estaban destinados a la explotación agrícola de la tierra, sino a la apropiación territorial, y por ello se consideran parte integral del colonialismo. Según el artículo 49, párrafo 6, de la Cuarta Convención de Ginebra y la Resolución 242 de la ONU de noviembre de 1967, la creación y expansión de asentamientos en territorios ocupados es ilegal bajo el derecho internacional.
Diversos expertos destacan que, además de las huellas visibles de esta colonización—como asentamientos fortificados, “puestos avanzados”, el muro de separación, cercas, puestos de control, señales, omnipresencia militar, forestación estratégica y propiedades destruidas—existe una colonización invisible. Esta dimensión oculta incluye restricciones administrativas que limitan la explotación del territorio y la libre circulación de las personas palestinas, tales como un régimen de autorizaciones, zonas “militares” cerradas y carreteras de “desvío”.
La ocupación ilegal sigue vigente. En 2020, en Cisjordania ocupada había al menos 132 asentamientos israelíes oficiales y 124 “puestos avanzados” no oficiales, albergando aproximadamente a 427,800 colonos. Estas áreas cuentan con 18 zonas industriales, que forman parte integral del sistema económico israelí y ejemplifican claramente la “colonización económica”.
En los Territorios Palestinos Ocupados, la colonización avanza a través de una apropiación territorial planificada en forma de “mordiscos” sucesivos. La colonización económica complementa esta estrategia, estableciendo una relación de dominación que paraliza la actividad de los palestinos y restringe su desarrollo, impidiendo así una vida autónoma.
La resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no solo afirma la ilegalidad de la ocupación sionista según el derecho internacional, sino que también va más allá. La jueza Hilary Charlesworth, en su veredicto, declara que “según el derecho internacional consuetudinario, la población en el territorio ocupado no debe lealtad a la potencia ocupante, y no se le impide usar la fuerza, de conformidad con el derecho internacional, para resistir la ocupación”.
Desde una perspectiva legal, la resolución constituye una acusación devastadora contra Israel. En cuanto a Gaza, la Corte aclara que esta sigue estando ocupada. Asimismo, reconoce el régimen racista que prevalece en los territorios ocupados. La resolución menciona explícitamente que Israel aplica un trato desigual a los palestinos, un trato que no puede justificarse con criterios objetivos o metas legítimas.
En conclusión, la CIJ afirma que la presencia israelí en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal y que Israel está obligado a poner fin a su ocupación lo más pronto posible, incluyendo Gaza. La resolución reconoce así el carácter colonial de Israel y sus políticas racistas hacia los palestinos.
XAVIER VILLAR
