La coalición española de izquierdas Sumar y otros partidos españoles han registrado una ley en el Congreso que prohíbe la compraventa de armas a Israel.
Las revelaciones de que el Estado español ha comprado armas a Israel por valor de 1037 millones de euros desde el estallido de la guerra genocida de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza, ha desatado un escándalo en el espacio político del país ibérico.
Por un lado, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez defiende la legalidad de eta medida, y de otro lado, sus socios llevan meses mostrándose en contra.
El jueves, la coalición española de izquierdas Sumar, ERC, Podemos y BNG registraron una ley impulsada por varios colectivos para presionar al Partido Socialista de España (PSOE) para que prohíba la compraventa de armas a países que hayan sido demandados ante los tribunales internacionales por violar las leyes internacionales.
Esta ley busca incluir en la legislación española el embargo armamentístico hacia aquellos países que hayan sido demandados ante un tribunal internacional, siempre que la demanda sea admitida a trámite, por crímenes de genocidio, lesa humanidad, infracciones de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales u otros crímenes de guerra.
Con la reforma de la ley registrada, el Estado español debería aplicar un embargo armamentístico a este país.
Prohibir compraventa de armas a Israel
La norma establece que dicho embargo conllevará la “prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación”, ya sea por parte de personas físicas o jurídicas nacionales o residentes en España o por parte del propio Estado español. También, esta ley prohíbe “toda importación” de material militar por parte del Estado o de particulares.
De esta manera, distintas asociaciones españolas se congregaron el jueves ante las puertas del Congreso, exigiéndole al Gobierno que pusiera fin al comercio de armas con Israel.
La portavoz de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, Ana Sánchez, señaló que esta propuesta de ley se ha preparado para obligar al Gobierno a respetar el derecho internacional y a poner fin a su complicidad con un régimen colonial, genocida y de apartheid.
A finales del pasado enero, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un fallo como medida preventiva que detuviera la matanza de palestinos en Gaza.
La revelación de la enorme cantidad de armas compradas al régimen de Israel contrasta con la postura asumida por el Gobierno español respecto a la guerra en Gaza. A finales de mayo, Madrid anunció el reconocimiento formal del Estado de Palestina y en junio presentó oficialmente una declaración de intervención en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por el genocidio en el sitiado enclave costero.
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