Alberto Fujimori ha solicitado al Poder Judicial la prescripción del caso Pativilca, un proceso que lo involucra en la masacre de seis personas en 1992, ocurrida durante su gobierno.
Esta solicitud se produce después de que el Ejecutivo decidiera no observar la ley de amnistía, que prohíbe el procesamiento y enjuiciamiento de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002, y que posteriormente fue promulgada por el Congreso. Lo que busca Fujimori, cuyo legado está manchado por actos de corrupción y autoritarismo, es cerrar uno de los últimos capítulos oscuros de su régimen.
Tras la aprobación de la ley de amnistía, Alberto Fujimori solicitó a la justicia peruana la prescripción del proceso en su contra por el caso Pativilca, en el que se le acusa de ser presunto autor mediato del asesinato de seis comuneros a manos del grupo Colina, creado durante su régimen. Este pedido ha sido tomado como un insulto a las víctimas y un desprecio del fujimorismo hacia el sistema de justicia en Perú.
El riesgo de impunidad que conlleva la prescripción de delitos de lesa humanidad, puede contribuir a una percepción de injusticia en el sistema penal peruano.
Recientemente cincos agentes del Grupo Colina se han acogido a la conclusión anticipada en el juicio de Pativilca y aceptaron su responsabilidad en el asesinato, lo que complicó aún más la situación de Fujimori.
Aarón Rodríguez, Lima.
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