El fallo del Congreso peruano, que otorga una pensión a Alberto Fujimori, evidencia una clara contradicción con las leyes promulgadas durante su mandato.
La medida desafía la legalidad al contravenir normas que impiden beneficios a exmandatarios condenados por delitos de lesa humanidad. Fujimori, cuya presidencia se caracterizó por violaciones de derechos humanos y corrupción, ahora se beneficia de una pensión financiada por los contribuyentes peruanos, un acto que subraya la desconexión entre la clase política y el sentir popular, especialmente en un contexto donde la economía de muchas familias está marcada por la pobreza extrema.
Alberto Fujimori recibirá una pensión vitalicia que asciende a más de 4300 dólares. A pesar de que el expresidente ha sido acusado constitucionalmente y, posteriormente fue encontrado culpable por delitos de lesa humanidad, el Congreso aprobó esta medida que ha causado indignación en la población peruana.
Pedro Castillo, también solicitó una pensión vitalicia, argumentando su derecho a la presunción de inocencia, ya que aún enfrenta procesos judiciales en curso sin una condena firme. Sin embargo, a diferencia de Fujimori, el Congreso rechazó su pedido.
El caso Cantuta dio a conocer el uso sistemático de la violencia estatal bajo la gestión de Alberto Fujimori, y simboliza las graves violaciones de derechos humanos que se cometió durante su régimen.
Aunque el presidente del Congreso afirma que la pensión vitalicia es un derecho constitucional para Alberto Fujimori, un sector del Parlamento presentó un recurso de nulidad con el fin revocar este beneficio.
Aarón Rodríguez, Lima.
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