Amnistía Internacional (AI) apunta a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, la posible responsabilidad de las muertas en las protestas antigubernamentales.
Pide a la Fiscalía investigar a los altos mandos militares y policiales por los asesinatos durante las manifestaciones.
Por fin, Amnistía Internacional presentó su informe esperado por el pueblo peruano. En el documento, esta organización no gubernamental responsabilizaría penalmente a la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, por los crímenes cometidos, desde finales de 2022, hasta febrero de 2023. En aquel entonces, la represión de las fuerzas armadas contra los manifestantes que protestaban contra el gobierno de Boluarte, dejó 50 muertos. Solo en un día, el 15 de diciembre de 2022 en la localidad sureña de Ayacucho, diez personas fueron asesinadas y decenas de personas resultaron heridas por los disparos de la policía.
Según el informe, parte de las armas utilizadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, fueron importadas desde España, EE.UU. y Canadá. AI pide mantener la suspensión de la venta de material antidisturbios al país andino.
En la presentación del informe, los familiares de las víctimas denunciaron que algunos de los asesinados ni siquiera participaban en la protesta, pero fueron apuntados y asesinados.
Sin embargo, y a pesar de las muestras y testificaciones de los soldados y policías, el gobierno rechaza el informe.
Con este documento, y sumado a las extensas acusaciones de corrupción y la baja popularidad, parece reflejar que el destino político de Boluarte estaría en juego seriamente.
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