El reciente informe de Amnistía Internacional acusa al gobierno de Boluarte de negligencia criminal en la represión de las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Con un saldo trágico de 49 civiles muertos y más de 1400 heridos. Para el organismo de derechos humanos, la presidenta no solo ignoró las advertencias internacionales sobre el uso excesivo de la fuerza, sino que también ascendió a los responsables directos de las operaciones letales. En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno peruano ha tratado de desviar la atención, catalogando a los manifestantes de “terroristas” sin evidencia, y hasta la fecha, las investigaciones avanzan lentamente y no se han sancionado a los culpables.
Amnistía Internacional advierte que la presidenta Dina Boluarte podría ser investigada como autora mediata de violaciones graves a los derechos humanos, comparándola con Alberto Fujimori. Durante las protestas, Boluarte participó en 29 reuniones del Consejo de Ministros, sin frenar las tácticas represivas que utilizaron los policías y militares contra los manifestantes, lo que destaca un patrón alarmante de abuso de poder e impunidad por parte de su gobierno.
La Corte Interamericana ya ha declarado a Perú en desacato por incumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por su parte, el Ejecutivo, rechaza estas advertencias y resalta la defensa de su soberanía.
La postura del gobierno de Dina Boluarte frente a Amnistía Internacional y la Corte Interamericana ha indignado a la población, al ver que prevalece la impunidad.
Las protestas contra el actual gobierno se intensificarán entre el 27 y el 29 de julio, coincidiendo con fiestas patrias. Estas manifestaciones buscan expresar el descontento de la población ante la crisis política y económica que atraviesa el país.
Aarón Rodríguez, Lima
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