Ayacucho vivió uno de los episodios más trágicos de su historia reciente, cuando las protestas sociales resultaron en la muerte de 10 personas en Perú.
Hoy, los familiares de estas víctimas denuncian la falta de justicia y temen que los responsables escapen de sus responsabilidades, especialmente tras la fuga de un policía implicado. Exigen prisión preventiva para los investigados, temiendo que la lentitud del proceso judicial y la inacción de las autoridades favorezcan la impunidad. Además, demandan disculpas públicas del gobierno de Dina Boluarte y reparaciones integrales, tanto económicas como morales.
Las familias de las víctimas de las protestas en Ayacucho temen que sus casos caigan en la impunidad y que los responsables puedan evadir la justicia. Destacan que el dolor trasciende lo individual, convirtiéndose en una herida colectiva, pues la región continúa enfrentándose a un largo historial de violencia que ha marcado profundamente a la región.
La Fiscalía de la Nación ha reunido evidencias que podrían implicar a las principales autoridades del país en la violencia durante las protestas. Se señala que la presidenta y sus ministros tenían la capacidad de evitar las muertes, pero su inacción permitió que los hechos se perpetuaran.
En un intento de desviar la responsabilidad, Dina Boluarte llegó a afirmar que los fallecidos durante las protestas eran terroristas. Esta declaración no solo buscaba justificar la violencia estatal, sino también deslegitimar las demandas de justicia por parte de las familias de las víctimas.
La Asociación de Familiares y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, conformada por 34 familias, también exige una reparación moral al gobierno, así como disculpas públicas a la presidenta Dina Boluarte.
Aarón Rodríguez, Lima
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