El Congreso de Perú, en una muestra de alineación con intereses cuestionables, ha promulgado una ley que perjudica gravemente la lucha contra crimen organizado.
La norma, la cual no fue observada por el Ejecutivo, eleva de cuatro a seis años la pena mínima para considerar a un grupo como organización criminal y limita la capacidad de la fiscalía para ejecutar allanamientos sin previo aviso, exigiendo la presencia del investigado y su abogado. Ahora, delitos graves como el tráfico de órganos, el tráfico ilícito de migrantes, la estafa agravada, la tala ilegal, la colusión simple, el peculado, el cohecho pasivo, el enriquecimiento ilícito básico, entre otros, quedarían fuera de la categoría organización criminal, lo que implica que no podrán ser abordados con la misma severidad.
El Congreso de la República, ante el silencio de la presidenta Dina Boluarte, quien no observó la norma, ha decidido promulgar una ley que debilita la lucha contra la criminalidad. Con esta nueva normativa, 59 delitos quedarán fuera del ámbito de las organizaciones criminales, limitando así los recursos disponibles para su investigación y sanción.
La falta de cuestionamiento por parte del Congreso y el Ejecutivo sobre el manejo de la criminalidad está agravando la situación de inseguridad en el país, lo que deja a la población más vulnerable.
El Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la nueva normativa hasta la fecha. Mientras tanto, su enfoque parece estar centrado en la búsqueda del líder del partido político Perú Libre, al que pertenecía Pedro Castillo.
Según la Cámara de Comercio de Lima, la ley contra el crimen organizado también aumentaría la impunidad y amenazaría el crecimiento económico al facilitar la acción de la delincuencia organizada, una de las problemáticas más graves del Perú.
Aarón Rodríguez, Lima.
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